Plan Nacional de Desarrollo (Colombia)
El Plan Nacional Desarrollo es la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia. El proceso electoral colombiano intenta ligar las propuesta de campaña de los aspirantes a la presidencia de la República con su gestión durante los cuatro años de gobierno. Para ello la [los tomasinos] y la Ley han ordenado la práctica de la planeación en Colombia. En tal sentido, la base del Plan, del presidente electo, son las propuestas de campaña presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de su inscripción como candidato, conocidas como el programa de gobierno. Adicionalmente, dicho marco legal también vincula la participación de diversos sectores de la Sociedad Civil por medio del Consejo Nacional de Planeación para la elaboración del mismo. De esta manera el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento legal por medio del cual se dan a conocer los objetivos de gobierno del presidente de Colombia y su gestión, y además, permite evaluar sus resultados.
La práctica de la planeación fue establecida en Colombia a
comienzos de los años 50 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, con el apoyo
de una misión del Banco Mundial. En 1968 recibió un impulso con la creación del
Departamento Nacional de Planeación.
La Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo
339 del Título XII: "Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública",
Capítulo II: "De los planes de desarrollo", señala que:
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una
parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden
nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los
recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional,
planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus
recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas
por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y
corto plazo, (Art. 339 CPC 1991).
Este artículo constitucional fue reglamentado en la Ley 152
de 1994, durante el gobierno del presidente César Gaviria por la cual se
estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Esta Ley extiende la
práctica de la planeación a los demás entes territoriales. Así, se puede hablar
de Plan Territorial de Desarrollo, que puede ser Local (correspondiente a las
localidades de Bogotá), Municipal, Distrital o Departamental; y el Plan
Nacional de Desarrollo que a la presente es el nombre con que se conocen a los
gobiernos de los distintos presidentes.
Voto programático
Artículo principal: Voto Programático (Colombia).
Una de las características relevantes de la Constitución del
'91, con relación a su predecesora fue la descentralización del poder político,
que entre otros avances, consolidó la elección popular de Alcaldes, en los
municipios y distritos y constituyó la elección popular de Gobernadores en los
departamentos. A su vez, uno de los avances institucionales más importantes de
los Planes de Desarrollo, en este sentido, es que permitieron la consolidación
del voto programático como principio electoral en el ámbito territorial. Esto
es que se obliga a los gobernantes a convertir sus propuestas de campaña o
programas de gobierno en Planes de Desarrollo, que son a su vez acuerdos en los
municipios y distritos y ordenanzas en los departamentos, y por lo tanto de
obligatorio cumplimiento.
Estrategia de desarrollo de los últimos gobiernos
Se ha sugerido que Departamento Nacional de Planeación
Políticas de desarrollo sea fusionado en este artículo o sección (discusión).
Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la
fusión de historiales aquí.
PRESIDENTE
|
PERIODO
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PLAN DE DESARROLLO
|
Misael Pastrana
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1970-1974
|
Las Cuartro Estrategias |
Alfonso López Michelsen
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1974 - 1978
|
Para cerrar la brecha
|
Julio César Turbay Ayala
|
1978 - 1982
|
Plan de Integración Nacional
|
Belisario Betancourt
|
1982 - 1986
|
Cambio con equidad
|
Virgilio Barco
|
1986 - 1990
|
Plan de economía social
|
César Gaviria
|
1990 - 1994
|
La revolución Pacífica
|
Ernesto Samper
|
1994 - 1998
|
El salto social
|
Andrés Pastrana
|
1998 - 2002
|
Cambio para construir la paz
|
Álvaro Uribe Vélez
|
2002 - 2006
|
Hacia un estado comunitario
|
Álvaro Uribe Vélez
|
2006 - 2010
|
Estado Comunitario: desarrollo para todos
|
Juan Manuel Santos
|
2010 - 2014
|
Prosperidad para todos
|
Planes de Desarrollo
Los planes de desarrollo son una importante herramienta de
programación, porque establecen una guía orientadora para las acciones de los
gobernantes y habitantes de un territorio.
En las últimas dos décadas, Colombia ha avanzado
favorablemente en la construcción de mejores planes de desarrollo para
contribuir al desarrollo territorial. La calidad de los planes de desarrollo ha
mejorado principalmente por dos motivos, porque se han estructurado normas que
regulan los procedimientos para su elaboración, y porque ha mejorado la calidad
y disponibilidad de información tanto a nivel nacional como territorial.
Respecto a la normatividad, los lineamientos para el diseño
y aprobación de los PD están dados por la Constitución Nacional, la Ley 152 de
1994, y el Departamento Nacional de Planeación, DNP. Estos establecen las
responsabilidades, procedimientos y contenidos mínimos que deben tener los
planes para asegurar la rigurosidad de los ejercicios de planeación y poder
responder a las necesidades de cada territorio.
Sobre la calidad y disponibilidad de información, hay que
resaltar que las entidades encargadas de calcular y publicar las cifras de
pobreza, educación, salud y saneamiento básico han afinado sus metodologías de
recolección y procesamiento de la información. Sin embargo, aún queda un camino
por recorrer para ampliar la disponibilidad de los datos.
Los gobiernos departamentales juegan un papel fundamental
para promover el desarrollo del país. Por esto, el PNUD Colombia a través de su
Proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo Local, ODML, capacita y
presta apoyo técnico a las gobernaciones para diseñar Planes de Desarrollo que
den prioridad a las necesidades del territorio.
Los Planes de Desarrollo Departamentales vigentes pueden
encontrarse en la página del Departamento Nacional de Planeación
El Proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo Local,
ODML, ha revisado los Planes de
Desarrollo Departamentales, PDD, desde la perspectiva de los ODM para
establecer el grado de incorporación, conocimiento y compromiso de los
gobiernos con los indicadores de pobreza, educación, salud, género y medio ambiente.
Los resultados de este análisis se resumen en el documento Contribución de los
Planes de Desarrollo Departamentales al Logro de los ODM.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno
empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al
conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la
productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos
del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración
armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros
del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas
corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de
Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de
los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas
públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si
procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de
evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se
afectará el núcleo esencial de los derechos.
APERTURA ECONOMICA
La Apertura Económica que experimentó Colombia a principios
de los noventa fue uno de los muchos pasos que dio el continente suramericano
para integrarse a la economía global. Los principales proponentes de esta
política comercial llegaron al poder durante la administración del Presidente
Ronald Reagan en Estados Unidos, y la Primer Ministro Margaret Thatcher en
Inglaterra.
En Sur América, Chile fue el país que más notablemente adoptó
este modelo económico durante el periodo en que el general Augusto Pinochet
estuvo en el poder. La lógica detrás de este modelo consiste en que al
introducir un elemento de competitividad extranjera, la calidad de los
productos internos y la innovación aumentan, mientras que los costos tienden a
bajar, de tal manera que es de mayor beneficio para el consumidor.
Estas observaciones son basadas en el concepto de ventaja
comparativa propuesto por la economía clásica, el cual argumenta que cada país
o base de producción posee una ventaja particular sobre otros productores. Así,
mientras que una base de producción tendría que invertir más y esparcir sus
recursos para generar distintos productos, le resulta más conveniente
especializarse en el área sobre la que tiene ventaja y simplemente importar
aquellos productos que necesita.
En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se produjo
luego que una política proteccionista dominó el intercambio comercial con otros
países durante varias décadas. Como resultado del proteccionismo, el mercado
nacional se había saturado con productos locales, de tal manera que el poder de
compra era inferior a la oferta. En adición, los precios de los productos
nacionales habían incrementado con el tiempo, y el control de calidad se había
deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la
administración del presidente Colombiano Cesar Gaviria adoptó la Política de
Apertura. La nueva ola de competencia generada por la introducción de productos
extranjeros al mercado colombiano transformó por completo la relación de
producción y demanda que había regido al país por varias décadas. Como
resultado, muchas industrias no lograron sobrevivir a la competencia, y
sectores enteros de producción desaparecieron. Para los consumidores, o al
menos aquellos cuyo poder de compra no fue afectado por la desaparición de
ciertas industrias, la apertura significó mayor variedad de productos a precios
más bajos y de mayor calidad. Una década después de la apertura económica es
claro que la lógica del modelo nunca fue aplicada en su totalidad. Sin
excepción, todos los países en el mercado global continúan aplicando medidas
proteccionistas, en forma de aranceles, subsidios a ciertos sectores, u otro
tipo de restricciones. Igualmente, la idea de una economía global integrada aún
no se ha concretado en su totalidad.
El fenómeno más común es la creación de bloques selectos de
comercio entre países. Es así como en la ultima década se han creado bloques
comerciales como MERCOSUR, ALCA, CAN, entre otros. Es importante anotar que
esta política económica es una de las partes integrales de la ideología
política conocida como Neoliberalismo. Según esta, el libre comercio, la
descentralización de poder, y la reducción del estado por medio de la privatización,
son algunas de las medidas necesarias para generar el desarrollo nacional. Hechos
fundamentales.
Régimen político Colombia: el régimen presidencial
La constitución colombiana establece un régimen
descentralizado con 32 departamentos, 1024 municipios, un distrito capital
(Bogotá) y los territorios indígenas.
Régimen presidencial como forma política del Estado de Colombia
El Presidente de la República de Colombia se elige por el
voto directo de los ciudadanos habilitados para ejercerlo. Los Presidentes en
el siglo XIX se elegían en la mayoría de los casos mediante una votación
indirecta de los ciudadanos y la ciudadanía se otorgaba con criterios
restrictivos. De acuerdo con el artículo 190 de la Constitución “El Presidente
de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más
uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos/as
en la fecha y con las formalidades que determine la ley."
Características del régimen político de Colombia: Régimen presidencial
Desde hace muchos años se ha debatido sobre la conveniencia
de introducir un régimen parlamentario en Colombia. Se ha postulado esta tesis
como una de las reformas necesarias para la profundización de la democracia en
Colombia y para generar un marco institucional que propicie políticas que la
haga más real, en cuanto más inclusiva y eficaz en materia de justicia social.
A principios del siglo, la propuesta corría por cuenta del
líder liberal de la guerra de los mil días, Rafael Uribe Uribe, hoy el ex Presidente
Alfonso López Michelsen ha sido uno de los principales promotores de la idea
del parlamentarismo para Colombia, idea en la que lo secunda la Senadora Piedad
Córdoba. Además líderes como Rafael Pardo consideran que el semi-parlamentarismo
sería una opción institucional para el país.
Entre muchas razones se considera que un ejecutivo originado
en el parlamento y con un abanico amplio de partidos fuertes, daría las
condiciones de inclusión política necesaria para la paz en Colombia. Pero el
desprestigio de un Congreso fragmentado en personalismo en intereses
particulares hace difícil imaginar el parlamentarismo o el semiparlamentarismo
en Colombia. Por lo tanto la discusión se concentra de nuevo en el tema de la
necesidad de estructurar partidos. El parlamentarismo supone partidos fuertes;
y viceversa: los partidos fuertes son el mejor modo de que el Congreso sea
fuerte. Porque después de todo el Congreso es el recinto más alto de la
democracia y el lugar que inventó la humanidad para zanjar sus diferencias de
visión sin usar la violencia.
En medio de este debate otras voces autorizadas, como la del
académico Hernando Gómez Buendía, creen que en este período histórico se
requiere reforzar el presidencialismo en Colombia como una manera de proteger
las instituciones en una situación de guerra y de otras amenazas y que el
parlamentarismo es una opción que se puede considerar una vez se alcance la
paz.
Régimen político Colombia: Jefe de Estado y Jefe de Gobierno
Las dos funciones más importantes del Presidente dentro de
un régimen presidencial son las de jefe de Estado y jefe de Gobierno. La
Jefatura de Estado se encarga de la representación del Estado en las relaciones
internacionales, es decir, encarna de manera simbólica y de manera práctica la
representación de la soberanía del estado ante al comunidad internacional en el
marco de las relaciones bilaterales o multilaterales. Por tal razón, la
presencia de los jefes de Estado en misiones oficiales se reviste de muchos
simbolismos a través de los cuales de hace el reconocimiento del estado
respectivo como un elemento dentro del orden internacional. De manera práctica,
tal función se desarrolla a través de los mecanismos propios del
desenvolvimiento de las relaciones internacionales como el nombramiento de embajadores,
la negociación de tratados y la constitución de alianzas entre otras.
La función de jefe de estado conlleva simbolismos en el
marco de la política interna, por tal razón en nuestra Constitución se dice que
el Presidente simboliza la unidad nacional, ello hace que se realicen con su
presencia un conjunto de actos protocolarios, y asista al cumplimiento de
algunas funciones de las demás ramas del poder público, como en la instalación
de las sesiones del Congreso de la República o dar posesión a los magistrados
de las altas cortes de justicia. La misma casa de gobierno es una referencia
simbólica de la función de representar la unidad nacional, esto explica que
dicha sede haya sido especialmente protegida de actos proselitistas en la
sentencia de la Corte sobre las garantías electorales.
Régimen político Colombia: el Sistema político colombiano
Colombia tiene un sistema político republicano, democrático
y representativo. La Constitución establece la división de poderes:
legislativo, ejecutivo y judicial.
Poder Ejecutivo
El presidente y el vicepresidente son electos directamente
por medio del sufragio universal por mayoría absoluta. En caso de que no se
llegue a la mayoría absoluta, está prevista la segunda vuelta electoral tres
semanas después de la primera ronda. El período de gobierno es de 4 años y
pueden ser reelegidos por un período adicional.
Poder Legislativo
El Congreso de la República, integrado por el Senado y la
Cámara de Representantes, ejerce el poder legislativo. El Senado está compuesto
por 102 senadores, 100 elegidos por circunscripción nacional y 2 elegidos por
una circunscripción especial indígena. En tanto, la Cámara de Representantes
está formada por 166 representantes elegidos por circunscripción departamental
por un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
Poder Judicial
Existen cuatro altas cortes: la Corte Suprema de Justicia,
la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de
Estado. El máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema de Justicia. Actúa como tribunal de
casación, juzga al Presidente e investiga y juzga a los miembros del Congreso.
La Corte Constitucional es un tribunal permanente autónomo
cuya función es la defensa del orden constitucional. Para ello, hace estudios
previos de constitucionalidad acerca de ciertas leyes y falla sobre demandas de
in-constitucionalidad.
El Consejo Superior de la Judicatura tiene dos funciones
principales: La primera es la jurisdiccional disciplinaria, que se ocupa de la
investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de dirimir los
conflictos de competencia. La segunda es la administrativa, encargada de
atender las necesidades organizativas y de gestión de la rama judicial.
El Consejo de Estado es el cuerpo supremo en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. También actúa como órgano consultivo del
gobierno en asuntos de la administración.
Sectores
La Dirección de Desarrollo Rural Sostenible - DDRS - apoya
la gestión del Departamento en los temas relacionados con el desarrollo
productivo y tecnológico, la comercialización en el sector agropecuario,
forestal y pesquero, la vivienda y el desarrollo rural, en coordinación con los
organismos y entidades pertinentes.
Esta dependencia propende por mejorar la productividad,
competitividad y eficiencia del sector mediante la formulación, seguimiento,
control y evaluación de políticas, planes, programas, estudios y proyectos de
inversión.
Ambiente
La Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible del
Departamento Nacional de Planeación tiene por competencia la consideración de
políticas ambientales y de gestión del riesgo de desastre en la planeación del
desarrollo. Para ello, adelanta acciones relacionadas con el conocimiento, uso
y conservación de la biodiversidad; la conservación y manejo de áreas
protegidas y estratégicas; la gestión integral del recurso hídrico y de los
espacios oceánicos, costeros e insulares; la prevención y control de la
degradación ambiental y el cambio climático; el desarrollo productivo
sostenible y competitivo; los modelos de análisis y valoración económica y
ambiental; la planificación ambiental territorial; la reducción del riesgo y
los mecanismos de protección financiera ante desastres.
Desarrollo empresarial
La Dirección de Desarrollo Empresarial —DDE— se encarga de
los temas relacionados con el comercio exterior y la inversión extranjera en
Colombia y colombiana en el exterior, la integración económica, la política de
fomento para la desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, la
producción y el comercio de servicios, la política de ciencia y tecnología y
del seguimiento sectorial y la evaluación para la formulación de las políticas
públicas de Desarrollo empresarial.
Así mismo, la DDE
lidera la construcción de la visión futura del sector productivo empresarial
del país, reflejada en la orientación, participación y promoción para la
formulación, seguimiento, control y evaluación de la ejecución de las
políticas, planes, programas, estudios y proyectos de inversión, conjuntamente
con los organismos y entidades pertinentes.
Desarrollo territorial sostenible
En está sección encontrará temas relacionados con finanzas
públicas territoriales, fortalecimiento y seguimiento a la descentralización,
desarrollo y ordenamiento territorial, los cuales son desarrollados de acuerdo
con las politicas sectoriales en coordinación con las entidades respectivas.
Así mismo, se
promueve la Gestión Pública Territorial a traves de la elaboración de
diferentes herramientas orientadas a fortalecer la capacidad institucional de
las entidades territoriales suministrando guías, metodolog
Desarrollo social
Las condiciones de vida de la población están ligadas al
desempeño de los diferentes sectores sociales. Por ejemplo, la educación y la
salud fortalecen el capital humano necesario para la generación de ingresos,
factor que a su vez determina el estado de pobreza de un hogar.
La distribución del capital humano en la población determina
la composición y salarios en el mercado laboral, lo cual determina en gran
medida la distribución del ingreso.
Dado que es a través del empleo, que las personas generan la
mayoría de sus ingresos, la coyuntura laboral tiene repercusiones fundamentales
sobre la pobreza, como también sobre la distribución del ingreso. El principal
objetivo de la Política Social de Colombia es lograr que todos los colombianos
tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social equitativa y
solidaria, al mercado laboral -promoviendo la formalización o apoyando el
emprendimiento- y a mecanismos de promoción social efectivos.
De esta manera, se pretende generar las condiciones
necesarias para que cualquier habitante, sin importar su condición, pueda
generar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y social.
En este contexto, la
Dirección de Desarrollo Social del DNP contribuye a dar los lineamientos en los
temas de su competencia, que oriente las acciones del Gobierno Nacional, hacia
la articulación y coordinación de políticas públicas, con una visión de Estado
en el largo plazo, encaminada a la reducción
de la pobreza y la promoción del empleo y la equidad.ías y manuales que
son de interés general.
Subdirección de crédito
El Departamento Nacional de Planeación, a través de la
Subdirección de Crédito (SC), tiene como función primordial la estructuración y
seguimiento de las operaciones de crédito externo contratadas por entidades del
orden nacional y territorial y sus descentralizadas. Este proceso tiene como
propósito obtener financiación para proyectos de libre destinación o
destinación específica.
De igual manera, la Subdirección tiene a su cargo gestionar
la autorización a entidades descentralizadas del orden nacional y territorial
para la contratación de operaciones de crédito interno de largo plazo.
Por último, la SC
tiene la responsabilidad de coordinar la emisión de conceptos técnicos para
acceso a cooperaciones no reembolsables provenientes de la Banca Bilateral y
Multilateral
Inversiones y finanzas públicas
Las inversiones y finanzas públicas deben garantizar el
cumplimiento de las políticas y metas de inversión pública, contenidas en el Plan Nacional de
Desarrollo, Plan Plurianual de Inversiones, y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La inversión pública contempla los recursos destinados a los
proyectos de inversión contenidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones,
POAI, que se incluyen en la Ley Anual del Presupuesto, de las entidades
descentralizadas del orden nacional y los recursos de Regalías.
Para una adecuada programación y ejecución de la inversión
pública se debe contar con instrumentos que involucren en su totalidad el ciclo
presupuestal de los proyectos de inversión desde formulación hasta la
evaluación ex post. Para ello la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
cuenta con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN, orientado a
consolidar una cultura nacional de proyectos.
Es la instancia que liga la planeación, la programación y el seguimiento
de programas y proyectos de inversión pública, por medio de sus componentes y
funciones. Esta conformado por los
componentes legal e institucional, educación, capacitación y asistencia técnica,
metodologías y sistemas de información y herramientas computacionales, componentes son coordinados por la
Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública - SPIIP (Ver
antecedentes)
Para contar con empresas industriales y comerciales del
Estado y sociedades de economía mixta sostenibles, es importante evaluar su
gestión integral de manera oportuna, de tal forma que se generen los mecanismos
necesarios para la toma de decisiones por parte del Gobierno
Direccion de Justicia y Sociedad
La Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) es
responsable de orientar y promover la formulación, evaluación y seguimiento de
las políticas, planes, programas en los sectores de justicia, defensa,
seguridad nacional, los temas de paz y desarrollo, convivencia y seguridad
ciudadana.
Esta misma tarea, en lo que tiene que ver con proyectos de
inversión, la desarrolla frente a la Presidencia de la República, la
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, las
Fuerzas Armadas, el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación,
la Contraloría General de la Nación, la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional y la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
Adicionalmente, la DJSG tiene la responsabilidad de
coordinar, con otras dependencias del Estado, los programas que adelante el
Gobierno en los temas relacionados con narcotráfico, secuestro, extorsión,
minas antipersona, mecanismos alternativos de justicia, orden público, paz y
reconciliación, derechos humanos, corrupción, sistema penal e impunidad,
justicia y paz, sistema penitenciario y carcelario, acceso y reformas a la
justicia, migraciones, acercamiento del Estado a la sociedad civil, y los
programas regionales de desarrollo y paz.
Las anteriores
actividades son desarrolladas por la Dirección a través de la Subdirección de
Seguridad y Defensa (SSD) y la Subdirección de Justicia y Gobierno (SJG), y los
grupos de Estudios de Gobierno y Asuntos Internos (GEGAI), Grupo de Apoyo a la
Convivencia y Seguridad Ciudadana (GACS) y el Grupo de Paz y Desarrollo (GPD).
Macroeconómia, crecimiento económico
La Dirección de Estudios Económicos dirige y orienta las
acciones requeridas para el cumplimiento de las funciones del DNP en los
ámbitos macroeconómico, financiero, monetario, cambiario y fiscal.
En coordinación con el Ministerio de Hacienda, prepara las
recomendaciones de política macroeconómica a presentar al Conpes y participa en
las discusiones de los Programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y
elabora el Marco Fiscal de Mediano plazo.
En coordinación con los Ministerios de Hacienda y de la
Protección social, elabora estudios para las reformas que afecten los ingresos
de la nación, como Reforma pensional, Reformas tributarias, Reformas laborales,
etc.
Prepara los supuestos macroeconómicos requeridos para la
formulación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y brinda
a las demás dependencias del DNP el apoyo respectivo.
Los documentos que se publican en esta sección corresponden
a estudios especiales realizados por investigadores tanto del DNP como de otras
entidades e investigadores privados.
Regalías
Conforme al referido Acto Legislativo el Gobierno Nacional
tenía la obligación de hacer operativo el Sistema General de Regalías (SGR) a
partir del 1 de enero de 2012, razón por la cual expidió el Decreto Ley
transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los
ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables
precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
Los recursos se
distribuirán en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación
Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y
Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet.
Todos los recursos
del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por la entidades territoriales
a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los
encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y
designar el ejecutor de los mismos.
Por mandato
Constitucional, se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación - SMSCE, que será administrado por el DNP y se desarrollará de
manera selectiva y con énfasis en acciones preventivas. La interventoría que se
realice a los proyectos financiados con estos recursos, se ajustará a lo
dispuesto por el Estatuto Anticorrupción
Transporte,Vias, Comunicaciones,Energia,Mineria,Hidrocarburos
La Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible —DIES—
apoya la labor del DNP, adelantando las acciones requeridas para el desarrollo
de los sectores de vías y transporte, telecomunicaciones, minas e hidrocarburos
y energía, en coordinación con los organismos y entidades pertinentes.
En estos sectores, el DNP orienta, participa y promueve la
formulación, seguimiento, control y evaluación a la ejecución de políticas,
planes, programas, estudios y proyectos de inversión, conjuntamente con los
organismos y entidades
Vivienda y desarrollo urbano
La Dirección de Desarrollo Urbano DDU - tiene a su cargo el diseño,
orientación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de
desarrollo urbano, vivienda, y agua potable y saneamiento básico.
En consecuencia, el compromiso y misión es la de promover el
fortalecimiento de la infraestructura social y el ordenamiento y mejor
planificación de los centros urbanos del país.
Las políticas de
infraestructura social en vivienda, agua potable y saneamiento básico, así como
la política de desarrollo urbano, constituyen un factor fundamental para la
reducción de la pobreza, la construcción de la paz y el mejoramiento del nivel
de vida de la población.
El acelerado proceso
de urbanización del país exige cada vez más acciones concretas e integrales en
materia de infraestructura social básica para la población, el estudio y
reordenación de los patrones de concentración de la actividad económica en
centros urbanos y sus relaciones de competitividad, y la consolidación del
sistema urbano-regional colombiano.
La DDU cuenta con el
apoyo de las subdirecciones de Vivienda y Desarrollo Urbano —SVDU—, y Agua y
Saneamiento —SAS—.